En septiembre la revista Dinero anticipó que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba investigando si dos de los tres oferentes en la licitación por el tercer carril de la vía Bogotá – Girardot, una Asociación Público Privada, habrían logrado un acuerdo anticompetitivo.

Esta semana el saliente vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, envió una carta al superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, así como a la Fiscalía General y el Ministerio de Transporte para que agilice la investigación que lleva a cabo en este caso.

Vargas Lleras destacó que mientras Estructura Plural Vías a Girardot presentó una propuesta por el 79,9% del valor de la propuesta que presentó Estructural Plural Tercer Carril, el oferente Concesionaria Vías del Desarrollo lo hizo por un 68,8% del mismo, disminuyendo así el promedio del posible costo del contrato e impidiéndole a Estructural Plural Tercer Carril presentar una contraoferta que le diera alguna oportunidad de competir por el contrato.

De este modo la concesión formada por Conalvías Construcciones, Infracon e Icein quedó eliminada de la licitación para la mencionada APP y el contrato se le otorgó a Industrial Conconcreto y Conconcreto Internacional, que habían formado la concesión Estructura Plural Vías a Girardot.

Así las cosas, Vargas Lleras advirtió que le queda la duda sobre si “todas las firmas que participaron en esta licitación incurrieron en prácticas colusorias agrupadas en dos bandos”.

A finales de septiembre del año pasado Dinero anticipó que la Superindustria llevaba a cabo esta investigación luego de que un grupo de personas vinculado al sector y al proceso se acercara a las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Bogotá para quejarse –informalmente– por la manera como se desarrolló la licitación y advirtiendo sobre una posible colusión en la adjudicación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot.

Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó en ese momento que efectivamente la Superindustria les había visitado para investigar el caso y que la entidad le había otorgado al ente de control documentos y otros elementos necesarios para la investigación por esta APP.

Según pudo establecer Dinero con fuentes del Gobierno, la SIC no está investigando el comportamiento de la ANI. “Lo que está investigando es un supuesto acuerdo anticompetitivo, que está por definirse, entre algunos de los oferentes en cuanto al tema de la denuncia de Conalvías”, dice la fuente. La averiguación, de carácter reservado, apenas está empezando y algunos consideran que podría ser también otra denuncia de empresas que, al perder una licitación, señalan posibles colusiones. La palabra la tendrá en adelante la SIC.

Las visitas del organismo de vigilancia se extendieron a algunas constructoras y la documentación recogida hace parte de esta primera revisión. ¿Qué se quiere confirmar o descartar con estas visitas? Aquí hay que aclarar que hace unos años era común hablar de colusión en este tipo de licitaciones; es decir, que dos o más partes de un proceso se pusieran de acuerdo para sacar del juego a un tercero. Para el presidente de la ANI esa no es una posibilidad, debido a que el sistema de selección que se estructuró –aunque no es invulnerable– si dificulta al máximo que se preste para estas prácticas.

La ANI explicó que el sistema actual elimina las ofertas que incluyen precios muy bajos, para de esta manera evitar que se tenga que renegociar el contrato más adelante. “Se hace un promedio de las ofertas y se eliminan las que estén 10% por debajo de ese promedio” , dijo el funcionario. La Agencia también fue clara al explicar que más de 30 licitaciones de 4G se han hecho de esta manera sin problema alguno.

A pesar de todas estas explicaciones, los interesados en que se investigue a fondo la licitación también advierten que Conalvías no pudo mejorar su oferta inicial y que eso contribuyó para que esta firma de origen caleño, que el año pasado estuvo en el ojo del huracán tras acogerse al proceso de reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades y por las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía por la obra de la calle 26 en Bogotá que ‘heredó’ del Grupo Nule, perdiera el jugoso contrato.

La ANI responde que un decreto expedido en 2013 por el Gobierno (antes de que Conalvías radicara su propuesta) establece que los proponentes de este tipo de APP no pueden bajar sus ofertas ilimitadamente porque se estaría demostrando que la oferta inicial estaba inflada. En palabras de la calle, estaría ‘cañando’ por lo alto.