Este martes, durante casi cuatro horas, el juez leyó los argumentos para justificar la sentencia por las irregularidades en la contratación por parte del ex alcalde Samuel Moreno Rojas, recibiendo así la condena más alta emitida por la justicia contra los implicados del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, y también poco usual en los casos de corrupción.

El Juez 14 de conocimiento sentenció a Samuel Moreno Rojas a 18 años de cárcel, a una multa de 299 salarios mínimos, además de inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos. Otros artífices del esquema de corrupción en Bogotá, como el exsenador Iván Moreno Rojas, ‘hermano del exalcalde; Emilio Tapia, ‘contratista’; y los hermanos Nule, fueron condenados a 14, 17 y 14 años de cárcel respectivamente.

A consideración del Juez, Samuel Moreno, debe cumplir la sentencia privado de su libertad y negó la posibilidad de la casa por cárcel o la sustitución de la medida de aseguramiento que pedía la defensa. Igualmente, el Juez advirtió al Inpec, que si Moreno recibe la libertad por decisión de otro juez por vencimiento de términos en los dos procesos que aún siguen en juicio se le notifique inmediatamente, para expedir una nueva medida de aseguramiento que garantice que Samuel Moreno cumpla la pena privado de su libertad. Esto porque, por una ley aprobada el año pasado y que entra en vigencia en dos meses las detenciones preventivas serán excepcionales. La sentencia contra Samuel Moreno, aún no está en firme y podría llegar hasta la Corte Suprema, y los otros casos en su contra no entran en la etapa final del juicio.

Sin embargo, Juan Vicente Valbuena, Fiscal investigador del caso, dijo que la condena será apelada, debido a la gravedad de los delitos cometidos y el daño causado a la administración pública, la condena debía ser mayor, incluso la Fiscalía había pedido 24 años de cárcel. Por otra parte, la Procuraduría y la defensa de Samuel Moreno, también anunciaron que apelarán la sentencia por razones diferentes, lo que tendrá que ser resuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.