Tres personas fueron capturadas, otras cinco son buscadas, entre ellas, un ex alcalde y el gerente de Sayco

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en construcción de Caracolí, en El Carmen de Bolívar.

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación ha detectado inicialmente irregularidades en la ejecución del contrato de construcción del acueducto en el corregimiento de Caracolí, al sur de El Carmen de Bolívar. La obra habría avanzado apenas el 20% en su construcción, por lo que un juzgado expidió ocho órdenes de captura, contra los supuestos responsables de este aparente detrimento patrimonial.

Tres personas han sido capturadas hasta el momento, ellas son: Uriel Antonio Vilora Arias, extesorero de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar (2012 – 2015); Silvio Esnobis Cuesta Solano, quien fue el primer contratista de la obra; y Winston Hernández Anaya, un interventor privado. A los detenidos la Fiscalía les imputó los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público.

Otras cinco personas vinculadas a la investigación, al parecer, evadieron las diligencias de captura y son buscadas. Entre ellas están: Francisco José Vega Arrauth, exalcalde de El Carmen de Bolívar; Mario José Melo Villa, ex secretario de Planeación de ese municipio; y Poldino de Jesús Posteraro Ariza, gerente de Sayco, quien fue el segundo contratista del proyecto. A estos procesados y otros dos, la Fiscalía les imputará el delito de peculado por apropiación.

Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que para la realización del acueducto en Caracolí, fueron desembolsados inicialmente 1.640 millones de pesos y, luego, a través de un otrosí se entregaron 600 millones de pesos más. Las obras tuvieron un valor de 2.240 millones de pesos.

Tras las inspecciones en campo y verificaciones de documentos, la Fiscalía estableció que, además de que la obra no se llevó a cabo en su totalidad, el terreno donde se levantaron los trabajos no tenían escritura pública ni licencia de construcción.