• Por petición de la misma población indígena durante visita institucional a la Sierra Nevada de Santa Marta, el jefe del Ministerio Público trasladará la petición de también excluir los territorios de las zonas de reserva campesina; de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social; y de las zonas de minería y megaproyectos.

• Es la primera vez en la historia que el procurador general de los colombianos visita Nabusímake (tierra donde nace el sol en arhuaco) y atiende directamente inquietudes y problemáticas de la comunidad.

“Es un día especial para nosotros, porque hemos tenido visitas de otros personajes, pero no de un procurador, y sabemos que ha sido una iniciativa del procurador venir hasta acá y depositamos la confianza de lo que hoy le vamos a expresar”, fueron las palabras de unos de los líderes de la comunidad arhuaca, que se reunió por primera vez en la historia en su territorio ancestral con el procurador general de los colombianos.

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, visitó Nabusímake, pueblo sagrado de los arhuacos, y asumió el compromiso de transmitir al Gobierno Nacional peticiones concretas frente a su territorio.

El pueblo indígena pidió al jefe del órgano de control la gestión para que en sus espacios históricos no se establezcan zonas de concentración para la guerrilla de las FARC; zonas de reserva campesina; zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres); o zonas de minería y megaproyectos.

“Tienen en la Procuraduría una autoridad siempre dispuesta a oírlos y a estar muy vigilante para que todas las necesidades, derechos y garantías que ustedes tienen, estén protegidas y reconocidas por la institucionalidad. Tengan la absoluta certeza de que seguiremos en permanente comunicación para lograr ir avanzando y hacer el seguimiento a todos estos aspectos”, manifestó el procurador general a los arhuacos.

La visita institucional a Nabusímake hace parte de la estrategia preventiva y de acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación a todos los colombianos, en cumplimiento de su función constitucional de articular al Estado frente a la atención oportuna de problemáticas y necesidades, y en garantía de los derechos de la población como representante de la sociedad.

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