Esta banda criminal disponía de varios puntos de venta, donde distribuía cada droga por separado, desde bazuco, cocaína hasta marihuana y rivotril. Cada distribuidor de droga entregaba una cuota semanal para reunir entre 300 y 700 mil pesos, que era lo que se les pagaba a los oficiales para que permitieran realizar las labores delictivas sin ninguna intervención por parte de los uniformados.

El grupo de uniformados del CAI San Victorino realizaban un sorteo para determinar quién iría por el pago. El uniformado ganador lo recibía por parte de un niño de 10 años para no levantar ninguna sospecha, así lo dijo Eduardo Salazar, uno de los delincuentes capturados por administrar unas 18 líneas de microtráfico en el centro de la ciudad.

La banda criminal ya había sufrido un duro golpe en su estructura criminal en el mes de febrero, tras la captura de 31 personas entre ellas 14 uniformados.