1.- La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción y la Dirección Seccional de Bogotá, ha detectado que por lo menos cinco instituciones de educación superior estarían incurriendo en irregularidades para su funcionamiento. Los hallazgos incluyen falsificación de documentos, desacato a autoridades públicas, usurpación de dineros del Estado, y, lo más grave, engaño a más de mil estudiantes universitarios, ofreciéndoles una educación de mala calidad y no autorizada por el Estado.

2.- Desde hace un año y con acompañamiento del Ministerio de Educación, la Fiscalía ha dado inicio a una serie de investigaciones que involucran a funcionarios y directivos de dichas instituciones.

3.- Las investigaciones hasta ahora han demostrado que en varios centros de educación superior se cometieron hechos delictivos desde el año 2006, que en total implicarían defraudaciones al patrimonio público o al de familias de escasos recursos por un valor cercano a los 80 mil millones de pesos.

4.- Por lo anterior la Fiscalía ha tomado las siguientes decisiones:

4.1.- Solicitar audiencia de formulación de imputación contra MARTÍN EDUARDO ALVEAR OROZCO, XIANI PIEDAD OCAMPO SEQUEDA, JORGE ELIÉCER PATERNINA MONTERROSA, ANA ROSALBA GALVIS GALVIS, JAIME VILLAMIZAR LAMUS, LUIS FERNANDO SÁNCHEZ TOVAR, directivos de la Fundación Universitaria San Martín, algunos de ellos familiares del fallecido señor MARIANO ALVEAR SOFAN, por los delitos de estafa agravada bajo la modalidad de delito masa, fraude procesal, fraude a resolución judicial, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

Esta es la segunda fase de la investigación por las irregularidades halladas en la Fundación Universitaria San Martín, relacionadas con el ofrecimiento de varios programas académicos, tales como ingeniería de sistemas, odontología, administración de empresas y medicina, pese a que los mismos habían sido cancelados o no renovados desde el 2012 por el Ministerio de Educación. La Fundación no podía ofrecer esos programas ni admitir nuevos estudiantes. El número aproximado de alumnos matriculados bajo estas circunstancias fue de 1455 jóvenes.

5.- Se imputará a ELÍAS JOSÉ VILLALBA GONZÁLEZ, rector de la Universidad UNICJAO (Universidad Indígena e Intercultural Jacinto Ortiz), CARMEN ELENA GARCÍA GUZMÁN, LUZ ELENA LÓPEZ NORIEGA, y ANYEL MILENIS MORENCO, miembros del Consejo Directivo de dicha institución, por el delito de estafa agravada y masiva, teniendo en cuenta que habrían ofrecido e impartido carreras universitarias sin contar con la autorización del Ministerio de Educación para su funcionamiento. De esta forma se engañó a cientos de jóvenes, la mayoría de escasos recursos, haciéndoles creer que obtendrían un título profesional válido.

A esas personas también se les imputará el delito de fraude a resolución judicial o administrativa, por cuanto habrían incumplido la orden del Ministerio de Educación, expedida dentro de la órbita de sus competencias, de cesar su funcionamiento.

6.- Otras tres investigaciones por posibles irregularidades se adelantan sobre las universidades de Cundinamarca, del Pacífico e Ideas.