Eduardo MontealegreEn el marco del panel de acciones y respuesta institucional a la crisis humanitaria en cementerios y enterramientos clandestinos realizado en audiencia pública en el Salón del Congreso, del Capitolio Nacional, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, señaló que sobre la situación de las personas inhumadas en los diferentes cementerios y reportadas como no identificadas y los mecanismos de personas desaparecidas, la Fiscalía viene adelantando estrategias conjuntas que permitan  establecer la identificación y ubicación de dichos casos a través del Grupo de Exhumaciones, creado en agosto del año 2007.

Montealegre Lynett explicó que en desarrollo de esta estrategia se conformaron 21 grupos de exhumaciones en 12 sedes a nivel nacional para documentar la información entregada por los postulados a la ley de justicia y paz, que en cumplimiento de los requisitos de dicha ley, entregaron la ubicación de las fosas clandestinas donde enterraron los cuerpos de sus víctimas.

Según cifras entregadas por el Fiscal General, son 114 las jornadas especiales de atención a víctimas de desaparición forzada las realizadas con el objetivo de recopilar y procesar la información que pudieran tener los familiares de las víctimas con ocasión del conflicto armado. “Los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas implementados por la Fiscalía General de la Nación en su conjunto le han permitido ubicar 4332 fosas, exhumar 5958 cuerpos y entregar a los familiares más de 3200”, agregó.

Señaló además que en los laboratorios del CTI, en los del Instituto Nacional de Medicina Legal Ciencias Forenses y en los de la Dijin permanecen 2060 cuerpos de personas no identificadas y cerca de 998 se encuentran con posible identidad o con toma de muestra de ADN en espera de los resultado de dichos laboratorios.

Indicó que sumado a esto, desde abril de 2010 la Fiscalía implementó una estrategia encaminada a establecer el universo de personas desaparecidas e inhumadas en cementerios municipales del país conformada por un equipo multidisciplinario de fiscales, investigadores y personal de criminalística en los que participan antropólogos, fotógrafos y topógrafos que de la mano de las alcaldías locales trabajaron en la consolidación de un censo de casos de personas no identificadas e inhumadas en los cementerios municipales del país y que arrojó una cifra de 20.453 personas sin identificar en los cementerios de Marsella (Risaralda), Villavicencio, Granada, Vista Hermosa y La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).

Entre los principales inconvenientes para que la identificación de los desparecidos en Colombia se adelante eficaz y rápidamente, el Fiscal nombró entre otros aspectos, la ausencia de morgues dentro de los cementerios y áreas adecuadas para las necropsias de las personas en condición de no identificadas y que estén en estado de descomposición, la falta de un registro único y confiable y con información concreta de los cuerpos que ingresan, ni un registro nacional de cementerios lo que hace que no se cuente con estadísticas. “No existen además rubros específicos en el presupuesto nacional, municipal y departamental ni en la Unidad de Victimas para el traslado de los presuntos familiares al sitio en el que se va a desarrollar la exhumación de un cuerpo que se presume es del familiar desaparecido y para el pago de bóvedas para alojar los cuerpos que se exhumen”, resaltó el Fiscal General.

Adelantar un proceso de crecimiento técnico y de número de personal de los grupos de investigación criminalista que actúan en exhumaciones, adoptar un protocolo interno en la Fiscalía para la atención a familiares de personas no identificadas o que estén en proceso de identificación, sensibilizar y requerir del gobierno nacional la destinación de los recursos necesarios para que los entes territoriales puedan incrementar el número de bóvedas para culminar los procesos de exhumación, promover la implementación de un registro nacional de cementerios que involucre a los privados, a los que pertenecen a las iglesias y a los municipios, la creación de una institución encargada de administrar esta temática y  de adelantar un proceso de difusión masiva que garantice el conocimiento necesario sobre el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas; fueron las soluciones propuestas por el Fiscal General de la Nación con miras a entregarle a todas las víctimas la identificación de sus seres queridos.