Un gran ejemplo acaba de dar el congreso de Guatemala, al dejar sin inmunidad al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, investigado por graves hechos de corrupción, por los que ya están procesados con cargos formales varios funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidenta, que se vio en la obligación de renunciar la semana pasada.

Gracias a la figura de la inmunidad, casi todos los mandatarios de Latinoamérica, en su gran mayoría cuestionados por hechos  de corrupción, han salido avante de las investigaciones, pues no han sido tocados por los respectivos congresos, que para el caso de los jefes de estado, es su juez natural. En países como Colombia, es el parlamento el encargado de investigar, acusar y juzgar a los presidentes.

Este martes, el congreso  de Guatemala tomó la determinación de despojar de su investidura al  presidente Pérez Molina, dejándolo con un pie en la cárcel.

El mandatario esta sindicado de los delitos de encubrimiento propio, asociación ilícita, incumplimientos de deberes, enriquecimiento ilícito, dentro de una red mafiosa vinculada con el recaudo de impuestos.

Al mandatario, lo procesa la Corte suprema de Guatemala por delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación tributaria.

En el caso de Colombia, donde opera una legislación parecida a la de Guatemala, ningún presidente en su historia constitucional ha sido acusado formalmente, pues los procesos han quedado a mitad de camino y nunca han llegado a la corte suprema, máxima instancia judicial del país. El caso más cercano y reciente es el del expresidente Ernesto Samper Pizano, quien aceptó, que a su campaña presidencial ingresaron cerca de 10 millones de dólares de la mafia del cartel narcotraficante de Cali. Pese al enorme acervo probatorio allegado a la cámara de representantes que abrió procesos contra Samper, la causa no pasó a la plenaria del congreso y fue archivado.

Otros mandatarios han muerto antes de que el congreso decida investigarlos, como el caso de Virgilio Barco Vargas. En Colombia, el  sistema establece que el proceso contra un presidente comience en una célula investigativa de la cámara de representantes, la llamada comisión de acusación, a donde históricamente han ido a “dormir el sueño de los justos” los cientos de procesos y causas judiciales contra jefes de estado, que nunca prosperaron.

Uno de los presidentes más cuestionados, denunciados e investigados es el popular Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la república, a quien cientos de ciudadanos y organizaciones e incluso autoridades judiciales, “la fiscalía”, han señalado de tener vínculos con grupos paramilitares, asesinos con actividades ilegales desplegadas desde la sede presidencial en Bogotá, como por ejemplo las llamadas chuzadas del DAS, una trama delincuencial montada por funcionarios de alto nivel del presidente Uribe Vélez para interceptar ilegalmente los teléfonos y las comunicaciones de los enemigos políticos de Uribe, periodistas y magistrados de las altas cortes.

Si los demás países latinoamericanos llegaran a seguir el ejemplo de Guatemala, podría concluirse que ningún presidente o expresidente estaría libre o por lo menos no investigado, pues el flagelo de la corrupción ronda a los jefes de estado desde la Patagonia hasta el norte del continente.