Andres Davila

El acuerdo final ya está a punto de firmarse, y sin embargo es ahora cuando  comienzan, de veras, las dificultades. Una mirada de conjunto sobre los obstáculos y las incertidumbres que se nos asoman sobre el horizonte.

Se va a firmar

Las negociaciones entre el gobierno  y las FARC parecen avanzar inexorablemente hacia la firma del acuerdo final en la fecha convenida entre el presidente Santos y el comandante Rodrigo Londoño (“Timochenko”) –“a más tardar el 23 de marzo de 2016”-. Paradójicamente sin embargo, el panorama está plagado de incertidumbres. Por eso vale la pena un breve análisis de los factores que inciden sobre este extraño escenario político.

Por lo menos durante el último semestre, las negociaciones han tenido una evolución  favorable y claramente encaminada a la conclusión exitosa del proceso, incluso a pesar de la crisis por la ruptura del cese al fuego unilateral que habían declarado las FARC en el primer semestre del año pasado.

Ya parece existir un grado de confianza entre las partes que permite la superación de los escollos y cuellos de botella

Ya parece existir un grado de confianza entre las partes que permite la superación de los escollos y cuellos de botella, pese a las resistencias de sectores nacionales e internacionales que insisten en señalar los vacíos y los riesgos del proceso. De hecho, hay cada vez más voces que respaldan los acuerdos conseguidos, y el reciente espaldarazo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituye un avance irreversible hacia la paz- aunque todavía falta la compleja arquitectura de la verificación in situ,  como apunta Kyle Johnson en esta misma edición de Razón Pública-.

Pero todavía faltan por acordar algunos de los temas más delicados y aún están pendientes algunas de las decisiones más difíciles para el gobierno y para las guerrillas.

Y más allá de las negociaciones, existen factores de incertidumbre que, aun para los  optimistas (comenzando por el presidente y el equipo negociador) no se pueden ignorar. Tales incertidumbres se extienden al mecanismo de refrendación, a las muchas dificultades para la implementación de los acuerdos y a los asuntos de contexto que se ciernen sobre el proceso.

Dos medidas anticipadas

El Presidente Juan Manuel Santos en  la IV Cumbre de la Celac
El Presidente Juan Manuel Santos en  la IV Cumbre de la Celac
Foto: Presidencia de la República

El gobierno ha intentado adelantarse con dos iniciativas legislativas para crear los mecanismos que permitirían superar los primeros escollos:

-La primera es la ley que facilita el plebiscito por la paz mediante la reducción del umbral de votos  requerido. Pero además de la incertidumbre sobre la decisión de la Corte sobre su constitucionalidad y -por supuesto- de si habría los votos suficientes y si ganarían  los partidarios del “sí”, existe otra inquietud básica al respecto: las FARC insisten en que la refrendación de lo acordado no se haga a través del plebiscito sino de una asamblea constituyente (y en esta idea la acompañan algunas fuerzas políticas).

-La segunda iniciativa del gobierno es la reforma constitucional que agilizaría el trámite de las reformas derivadas del acuerdo por parte del Congreso y otorgaría  facultades al presidente para llevar a cabo otras reformas o para tramitar aspectos clave del proceso como decir el desarme, la desmovilización (concentración) y el comienzo de la reinserción. Pero persisten las muchas inquietudes sobre la conformación, los procedimientos y la legitimidad de estas figuras, así como de la posible inclusión en ellas de miembros de las FARC o de personas que tengan su respaldo y aprobación. Más todavía y al igual que con el plebiscito, las FARC todavía no han dado una aprobación explícita al respecto.

Verificación, justicia y apropiación ciudadana

Otra fuente de incertidumbre se refiere  a la concentración de los combatientes en los sitios acordados y al proceso de desarme.

Verdad que el respaldo de la ONU y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es una buena noticia. Pero el dónde, el cuándo y el cuáles sean los mecanismos  para blindar tales ejercicios contra los múltiples riesgos que los amenazan, siguen siendo asuntos espinosos aun para los más fervientes partidarios de la vía negociada.

Como la concentración y el desarme son prerrequisitos para la reinserción en cualquiera de sus  modalidades, el gobierno ha enviado mensajes claros sobre la necesaria presencia del Estado en los territorios y sobre la gestión activa de las autoridades junto con fuerzas políticas y sociales de la región respectiva. Pero esta claridad en el propósito no resuelve las inquietudes sobre la posibilidad real del Estado para hacer presencia justamente allí donde le ha sido más difícil a lo largo de dos siglos de historia.

No menos serios son los interrogantes y las dificultades prácticas para poner en marcha el sistema de justicia alternativo que finalmente se divulgó a finales del año pasado y cuyo extenso articulado exigirá una gran cantidad de trabajo. Inquieta en particular que aún no exista acuerdo sobre quién o cómo elegirá a los magistrados o jueces que administren la respectiva “justicia transicional”. Y en todo caso en un país de abogados, donde se vive el  desbarajuste de la justicia que Jorge Iván Cuervo resume bien en esta misma edición de la revista, es evidente que los retos serán diarios y de los tipos más diversos.

Colombia es un país conservador o reacio a tales aperturas, y es aquí donde finalmente se decide la suerte del acuerdo de paz.

Y todo lo anterior sin aludir al cumplimiento de los también extensos y complejos acuerdos en materias de tierra y desarrollo rural, tráfico de drogas, participación política y tratamiento  de las víctimas.

Sin contar – más aún-  la verdadera y suficiente capacidad de la sociedad colombiana para ser parte de una transformación que elimine las causas de la violencia política y permita incluir a los sectores que han sido históricamente rechazados. A juzgar por su historia, Colombia es un país conservador o reacio a tales aperturas, y es aquí donde finalmente se decide la suerte del acuerdo de paz.

Como si fuera poco

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro.
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Y todo esto se da en un entorno triplemente complejo:

  • Por los impactos inmediatos del fenómeno de El Niño – y los más duraderos y alarmantes del cambio climático- que afectan las condiciones de vida reales y concretas de los colombianos, incluyendo por supuesto los de las regiones donde la paz estará por construirse;
  • Por la situación económica, que, a medida que el año avance, resultará más y más difícil de sortear, como hace poco y también en Razón Pública señaló Diego Guevara.
  • Y por una situación político-institucional de desbarajuste, reformismo inagotable pero intermitente y, en últimas, pérdida creciente de claridad sobre las reglas del juego. De allí que, paradójicamente, la idea de una asamblea constituyente, que en un principio parecía una exigencia inviable, vaya calando poco a poco en la opinión. Tal vez por la sencilla razón de que lo que está en juego requiere transformaciones de fondo, y no apenas ajustes marginales de lo que hoy tenemos.
  • Fuente: http://www.razonpublica.com/