Las reelecciones presidenciales que se han establecido históricamente en Colombia han beneficiado a los presidentes de turno con perjuicio, al menos en el último caso, de los pesos y contrapesos del Estado. Urge recuperar el equilibrio.
Como se esperaba, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el paquete de leyes que someterá a consideración del Congreso instalado el 20 de julio estará inspirado en el proceso de paz.

Serán iniciativas que, según dijo, legislarán directamente sobre los acuerdos que se están pactando en los diálogos con la guerrilla y las reformas que en materia de educación y salud, principalmente, está demandando el país.

El denominador común será la nación del postconflicto, pues el siguiente período presidencial deberá facilitar la reconciliación de los colombianos en todas las esferas. En ese marco llamó la atención la propuesta de una reforma constitucional que restablezca el equilibrio institucional que se perdió con la reelección presidencial. La extensión inmediata del período constitucional fue establecida mediante el Acto legislativo 02 de 2004, según el cual quienes hayan o estén ejerciendo la Presidencia de la República pueden permanecer en su cargo durante un segundo período, si mediante el voto así lo deciden los ciudadanos.

Pero tal como ocurrió con las reformas de Rafael Núñez (1885) y Gustavo Rojas Pinilla (1954), la del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se hacía con afectación directa a su período. Ello repercutió, en los tres casos, en la necesaria ecuanimidad de los poderes. Como probablemente suceda ahora tras la reelección del actual mandatario.

Si la Constitución de 1991 que prohibió la reelección normalizaba la estructura del Estado para cuatro años, la reforma que extendía el período de gobierno a ocho sin modificaciones colaterales la desbarajustaba. Así, por ejemplo, la Junta Directiva del Banco de la República perdió independencia frente al Ejecutivo en su función misional de velar por el control de la inflación, ordenar el sistema cambiario y regular el flujo de crédito.

La ecuación era muy sencilla: si para garantizar la soberanía del Banco frente a la emisión primaria de dinero la carta Política ordenaba que el jefe de gobierno solo podía cambiar a tres de los siete miembros, la reelección del Presidente sin una revisión de esta norma le entregaba esa necesaria majestad sobre la moneda sana.

Pero lo mismo ocurrió con las cortes, los organismos de control, la organización electoral, en tanto desde el seno de un gobierno central extendido se podía señalar a dedo o hacer guiños para la integración de tales poderes. Eso fue lo que, a la postre, alteró el espíritu de pesos y contrapesos que ahora estamos echando de menos, pues se legisló para un presidente y no para el Estado.

En procura de la proporción, las instancias que fueron perdiendo ascendencia se inventaron opciones como las facultades nominatorias de las altas cortes, que determinaron lo que se ha dado en llamar “la puerta giratoria” o la posibilidad que hoy tienen los magistrados de saltar de un tribunal a otro. Con la revisión anunciada por el Presidente, es de esperar que vuelva la sensatez, el buen juicio y la armonía al Estado colombiano.

Conviene, en esa dirección, que el Ejecutivo y el Legislativo se encuentren en una sana discusión que trascienda las vanidades y los personalismos y se concentre en la conveniencia nacional. Por fortuna, Santos ha anunciado que la eventual eliminación de la reelección y la extensión del período del mandatario nacional a seis años, que también hacen parte de su propuesta, no lo cobijará sino a quien haya de sucederlo en el Palacio de Nariño. Esperemos que así sea.