El presidente Juan Manuel Santos acaba de tomar una decisión: por ahora no entregará terna para nuevo Fiscal General. ¿La razón? El caos interno y los enfrentamientos de poder que se viven en la Corte Suprema de Justicia, la corporación que por Constitución deben elegir quién será el reemplazo de Eduardo Montealegre, al frente del ente acusador.

Y no es para menos. El presidente no quiere desgastar los nombres de quienes serán sus candidatos. El embrollo consiste en que la Corte Suprema no cuenta en este momento con la mayoría de sus magistrados, es decir, no hay cómo elegir Fiscal General. Y todo inicia en la pugna interna, que desde hace varios meses llevó a que desde hace varios meses varias salas no cuenten con magistrados titulares. La sala plena no ha sido capaz de elegir los reemplazos de quienes se han ido por cumplimiento de sus períodos, pese a que las listas de elegibles han estado circulando en cada una de las sesiones.

La guerra de poderes.

Si el próximo 30 de marzo la Corte no está completa, difícilmente habrá nuevo fiscal general. Así las cosas, Colombia tendría fiscal general encargado durante por lo menos seis meses o quizás más, como ocurrió con el Ex vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien permaneció casi un año como jefe del ente acusador interino. Claro que aquella vez, esa interinidad obedeció a otras peleas: a la de la Corte con el gobierno de Álvaro Uribe, a quien le rechazaron varios de los candidatos que ternó. Fue Santos ya como Jefe de Estado, quien envió una nueva terna de la que hacía parte Eduardo Montealegre.

Lo más seguro es que el próximo 30 de marzo, La Corte Suprema se quede con apenas 15 magistrados titulares, pues ese día se le termina el período al actual presidente de la corporación, el penalista Leónidas Bustos. Hoy, hay 16 togados titulares en capacidad de votar, pues siempre habrá uno con impedimento. Como es el caso de Eugenio Fernández. Este impedimento, por ejemplo, ha hecho imposible la elección del remplazo de la magistrada María del Rosario López.

Las grietas más hondas están abiertas en la Sala Laboral, en la que faltan los reemplazos de tres magistrados. Con un agravante de última hora: denuncias de supuesto acoso laboral contra la presidenta de la sala, por parte de una de sus subalternas. Esta queja precipitó una reacción masiva de otros empleados y funcionarios de la Corte, en favor de la magistrada denunciada. A las claras, este incidente también es señal de la fuerte división que golpea a la máxima autoridad de justicia del país, pues en los pasillos de la misma, se afirma que detrás de las denuncias hay magistrados titulares o auxiliares, al tiempo que detrás de las manifestaciones de apoyo a la magistrada, también hay magistrados titulares y auxiliares.

Al ya escandaloso carrusel de poderes, se suma la decisión del actual vicepresidente de la Corte, magistrado  Fernando Giraldo Gutiérrez, quien hace una semana desistió de la postulación para ser elegido presidente de la misma. Un hecho histórico que deja muy mal parada la imagen de la otrora poderosa corporación. La aspiración de todo jurista es llegar a presidir la que es considerada la más importante corte de justicia. Honor que le resbaló al magistrado Giraldo. Este mismo magistrado protagonizó el año pasado otro incidente que, desde ese momento, ya evidenciaba las grietas en el interior de la Corte. Durante un acto público en Cartagena, en reunión de las altas corte y el gobierno en un seminario por la paz, Giraldo aprovechó su discurso de cierre del evento, para atacar al propio presidente de la corporación, el penalista Leonidas Bustos, a quien prácticamente desautorizó como vocero de la Corte en temas de paz. A Giraldo le pareció inapropiado que su compañero Bustos haya expresado su respaldo irrestricto, en nombre de la Corte, al proceso de paz. De hecho, durante la instalación del seminario, en su discurso de apertura, el magistrado Bustos lanzó expresiones en favor de la paz que está a punto de firmar el presidente Santos, quien, estaba presente en el auditorio. Es más: ese mismo día el jefe de Estado entregó a Bustos un regalo simbólico referente a la paz.

Los únicos que parecen favorecidos con esta coyuntura, parecen ser el actual vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien podría ser fiscal general encargado durante varios meses, así como  Eduardo Montealegre, pues con Perdomo garantiza la continuidad de sus políticas y planes trazados a su llegada.

El sonajero

Por lo pronto el sonajero sigue su marcha con varios nombres: El ex súper ministro Néstor Humberto Martínez, un abogado con amplia trayectoria, con gran poder conciliador, lo que podría aprovechar Santos, pues Martínez es cercano al mismo jefe de Estado, al Congreso de la República, al uribismo, a Germán Vargas Lleras, al empresariado, y a las mismas cortes. Y nadie desconoce sus dotes de jurista. Al fin y al cabo, ya fue ministro de Justicia, sin contar con que lidera el más poderoso bufete de abogados del país.

El otro nombre que asoma es el del actual ministro de Justicia Yesid Reyes, jurista con gran prestigio y considerado un funcionario transparente y franco. Ser hijo del inmolado presidente de la Corte Suprema durante la toma del palacio de Justicia, en 1985, podría significarle votación suficiente entre los magistrados. Sin embargo, no está claro que quiera ser fiscal general, pues ha dejado saber que prefiere regresar a su también prestigiosa oficina de abogados.

Un tercer nombre es el del actual superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien ha dado muestras de eficiencia en su lucha contra la corrupción y la cartelización de las empresas privadas. En un próximo remesón ministerial, podría figurar como nuevo miembro del gabinete.

También aparece en la posible lista de ternados, el ex embajador y exministro Fernando Carrillo, quien ya ha dejado ver su entusiasmo por semejante postulación. En favor y en contra, al mismo tiempo, tiene el apoyo del expresidente César Gaviria. En favor, porque el exmandatario goza de fuerte poder de convocatoria y ha sido importante apoyo al gobierno Santos. En contra, porque no se sabe hasta   qué punto el presidente Santos esté dispuesto a dejar en manos de alguien que no es de su plena confianza, el manejo de la política criminal, en pleno post conflicto.

¿Medida extraordinaria para elegir fiscal?

Así las cosas, por ahora no se conocerá la terna, que usualmente se conoce a principios o mediados de marzo, cuando se le vence el período al actual fiscal. Fuentes consultadas por este portal, no descartan que, de persistir la guerra de poderes en el interior de la Corte Suprema. Y ante el apremio de Santos por tener fiscal de su absoluta confianza, el jefe de Estado acuda a la figura de la Conmoción o la Excepción, como salida transitoria de semejante galimatías jurídico político en que terminará enfrascado el país a la hora de elegir un nuevo fiscal general de la Nación.

Juristas consultados por este portal explicaron que esta última opción sería insólita, aunque posible, pues sería inaudito que se acuda a una reforma de la Constitución, solo para facilitar la elección de una persona determinada. La Corte Suprema tampoco está interesada en reformar sus estatutos, lo que podría permitir que un fiscal sea elegido con menos votos.