Jeison Mecha suele comer solo una vez al día, “banano, apenas banano”. En la exuberante selva del noroeste de Colombia, donde su comunidad indígena debió reasentarse tras “perderlo todo” por la violencia entre grupos armados, los alimentos escasean y el miedo abunda.

“Todavía estamos sufriendo”, dice a AFP en un precario español el gobernador de Tasí, una aldea embera en el aislado departamento del Chocó, donde, a pesar de la paz con las FARC, la guerrilla ELN y las bandas criminales siguen peleando por el territorio.

Como otros 600 indígenas de la zona alta del río Baudó, Mecha sobrevive tras tener que abandonar sus tierras por combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), remanentes de las milicias paramilitares desmovilizadas hace una década.

Eso fue en junio de 2014 y desde entonces “no hay comida”, cuenta John Hamilton Sagugara, el maestro de los 54 niños de Tasí. “Comidos por el monte” quedaron los cultivos de maíz, plátano y arroz; olvidados los cerdos y las gallinas.

“Por el susto nos corrimos”, afirma, con su diente de oro “de adorno” resplandeciente bajo el inclemente sol del mediodía. Y “todo aquí se sucede con diarrea, con vómitos, con fiebre”, añade.

Entre mujeres y niños semidesnudos adornados con coloridos collares, Mariluz Dari asiente: de sus siete hijos, el menor, un bebé que no se despega de su pecho, está enfermo desde hace más de 20 días.

– “Mucho, mucho miedo” –

Río arriba, en Puesto Indio, las familias desplazadas viven hacinadas en ranchos sobre pilotes. Por las callejuelas corretean decenas de niños de vientre abultado, y en la madrugada se oyen los llantos de hambre de los más pequeños.

Dos menores murieron allí el año pasado por infecciones gástricas y respiratorias asociadas a desnutrición, según las autoridades.

Los indígenas aseguran que los grupos armados violan su territorio ancestral y lo contaminan con artefactos explosivos. Y el asedio no cesa: el 9 de enero, guerrilleros fuertemente armados irrumpieron en una reunión amenazando con matarlos.

“Nos acusaban de colaborar con paramilitares”, cuenta uno de los líderes. “Tuvimos mucho, mucho miedo”, añade, y agradece el respaldo de los guardias indígenas, que vigilan el lugar con bastones de madera.

La intimidación no pasó a mayores, pero los indígenas señalan que quedaron confinados y “aguantando hambre” por no poder acceder a sus sembradíos. Y siguen “muy preocupados” a pesar de la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que con “mediación neutral” tranquilizó a ambas partes.

– “En zona de alto riesgo” –

“Para nosotros los civiles son la prioridad”, explica Anna Praz, jefa de la oficina del CICR en Chocó.

En esa empobrecida y remota región del país, donde la mayoría no tiene agua potable ni electricidad y los ríos son la principal vía de acceso, el organismo humanitario busca mitigar el impacto del conflicto en los pobladores, casi todos afrocolombianos (82,1%) e indígenas (12,7%).

La ONU pidió en mayo pasado proteger “con urgencia” a la población del Chocó, el departamento más pobre del país, reportando desde marzo unas 6.000 víctimas de desplazamiento y 7.000 de confinamiento.

“Somos un municipio que tiene más del 95% de su población víctima del conflicto”, explica el personero Dayro Palacios, encargado de velar por los derechos humanos en el municipio de Alto Baudó, donde el ELN y las AGC se disputan la preciada ruta de salida al mar de la droga.

“Estamos en zona de alto riesgo”, asevera Evelio Palacio, de 63 años, víctima de un desplazamiento masivo en 1991. “No es un engaño para nadie que estamos resistiendo. Mucha gente se ha ido para la ciudad ya”, añade.

– “Con hambre no hay paz” –

Los lugareños, que sufren extorsiones y restricción de la movilidad, temen quedar en medio de los combates de los grupos armados, o ser blanco de los bombardeos de las fuerzas militares, que luchan contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque ven con “optimismo” las negociaciones que el presidente Juan Manuel Santos inició con el ELN, no creen que los problemas se resuelvan con la desmovilización de esa guerrilla, la última activa tras el pacto en noviembre con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“La violencia del hambre, la educación, la salud, eso no se va a acabar y hay muchas necesidades”, afirma Luis Carlos Arce, gobernador de Alto Tumandó, otra de las comunidades desplazadas.

Jaime Valderrama, secretario de gobierno de Alto Baudó, insiste en la urgencia de “infraestructura”, “oportunidades” y “empleo”.

“Con hambre no hay paz”, dice.