La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la defensa del exconcejal de Bogotá, Wilson Duarte, estipularon 21 elementos materiales probatorios dentro del proceso penal que se le sigue como presunto responsable del delito de concusión en concurso homogéneo.

Entre los hechos probados, la Fiscalía expuso entre otros, que el 30 de septiembre de 2009 fue suscrito el contrato 1229, entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, establecimiento público de orden distrital representado por el entonces Secretario Distrital de Salud Héctor Zambrano, y la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio de Bogotá; cuyo objeto era el de asesorar y atender a pacientes durante su traslado a los centros hospitalarios.

El 30 de diciembre de 2008, entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unión Temporal GTM, se celebró un contrato de obra con el objeto de ejecutar a precios unitarios los trabajos para la conservación de la malla vial arterial e intermedias en el sur de Bogotá, con un plazo de cumplimiento de 42 meses y por un valor superior a 87 mil millones de pesos.

Como ya es conocido, Wilson Eduardo Duarte fue militante del Polo Democrático Alternativo, y en representación de esa colectividad se presentó como candidato al Concejo de Bogotá en octubre de 2007 para el periodo constitucional 2008 a 2011, cargo que ganó con una votación de 9.640 votos.

El ente acusador busca demostrar que el procesado, para la época de los hechos cuando se desempeñó como concejal, recibió de manos del exsecretario de Salud, Héctor Zambrano Rodríguez, la suma de 80 millones de pesos, producto del contrato 1229, relacionado con la compra de ambulancias para Bogotá.

Además que exigió el 2 por ciento del total de los contratos de malla vial 071 y 078, uno por 87 mil millones de pesos y el otro por más de 100 mil millones, que fueron adjudicados al arquitecto Julio Gómez, contratista de los Nule.

Por estos hechos el exconcejal Hipólito Moreno aceptó cargos, por lo cual fue condenado a seis años de prisión como responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.