La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, suspendió por el término de seis (6) meses a Ricáurte Manrique Castañeda, en su calidad de alcalde municipal de Taraira (Vaupés) para la época de los hechos, por incumplir sus funciones al no poner en funcionamiento la planta de potabilización del agua del casco urbano.

Según estableció el Ministerio Público, el entonces alcalde incurrió en falta disciplinaria al no poner en funcionamiento la planta de potabilización del agua del casco urbano del municipio, a pesar de haberla recibido a satisfacción en el mes de abril del año 2008, contrato celebrado por un valor inicial de $907.456.125 y un valor final de $1.311.373.762,50. Como consecuencia, los derechos e intereses colectivos a la salubridad  pública  de los habitantes se encontraron amenazados, con riesgos para su salud,  por la falta de potabilidad de este líquido esencial para la vida.

Con sus acciones el disciplinado vulneró la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos, el Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable y el artículo 209 de la Constitución Política, en lo referente al principio de eficacia.

La falta fue calificada por la Procuraduría Regional de Vaupés como grave a título de dolo.

Dado que a la fecha de la sanción el señor Manrique cesó en sus funciones, se convierte el término de la suspensión en el equivalente a salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, es decir, en la suma de $16’453.416, que debe ser consignada a favor de la Alcaldía Municipal de Taraira (Vaupés), conforme a lo dispuesto en el Decreto 2170 de 1992.

Ante esta decisión de primera instancia no se presentó recurso de apelación, por lo tanto se considera en firme y debidamente ejecutoriada.