Aunque el juzgado 43 de Conocimiento condenó el pasado 22 de agosto al patrullero de la Policía Wilmer Alarcón, luego de que la Fiscalía logrará demostrar que el uniformado le disparó a Diego Felipe Becerra, causándole la muerte, en hechos ocurridos en 2011, el exuniformado continúa prófugo, y las autoridades no han podido hacer efectiva su captura.

Este lunes, el despacho tenía programado hacer la lectura definitiva del fallo, sin embargo, la diligencia fue aplazada y la abogada defensora de los padres de Becerra, Miriam Pachón, denunció nuevamente que Alarcón no se ha entregado a las autoridades pese a la decisión del juzgado.

“Es culpa de la administración de justicia la realidad por la cual las personas quedan en libertad, como sucedió con el señor Wilmer Antonio Alarcón quien está en fuga desde el pasado 18 de agosto pese a estar condenado. A pesar de ello a la administración de justicia le queda difícil hacer cumplir los términos”, señaló la abogada.

Tras el aplazamiento de la audiencia en la que se conocería el monto de la pena que enfrentará Alarcón, el despacho fijó la diligencia para el 18 de enero del próximo año. Pachón dijo que espera que para esa fecha el patrullero ya se encuentre preso.

“La familia merece saber cuál será el monto de la pena, llevamos cinco años esperando, y si el señor Alarcón tuviera algo de moralidad se habría entregado, lo cual no ha pasado”, dijo.

El caso

Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá. Inicialmente, las versiones de los uniformados implicados en la muerte indicaban que el joven había atracado un bus y los disparos se habían presentado durante la acción policial.

Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar acerca de que Alarcón disparó contra Becerra luego de que fuera encontrado pintando un grafiti.

Para el ente acusador el ataque se habría hecho sin justificación, dado que el entonces menor de edad no estaría cometiendo algún hecho delictivo.

La Fiscalía y la Procuraduría pidieron la máxima pena en este caso dado los agravantes, ya que el homicidio fue de un menor de edad, en ese sentido el uniformado se enfrentará a una condena de 33 a 50 años de prisión.

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