En el ojo del huracán está el Fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, por la lluvia de contratos que ha realizado la Fiscalía en la actual  administración, especialmente con juristas y asesores vinculados con el proceso de paz.

Hace pocos días en una investigación periodística por el Diario el Espectador, reveló contratos que superan los mil 600 millones de pesos, a ex magistrados, asesores del proceso de paz, periodistas, justificación que hizo el mismo fiscal Montealegre.

El caso más sonado fue el de la reconocida periodista Natalia “Springer” Lizarazo, quien tiene contratos con el ente investigado por algunas asesorías sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional en la habana, monto que supera los 4 mil millones de pesos.

La señora Springer adelantó una investigación, “Cómo ayudar a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra la FARC por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones sobre derechos ‘DIH”.

El congresista Ernesto Masías, del Centro Democrático, pidió realizar un debate al fiscal Montealegre por varias irregularidades, especialmente, por el incremento de la nómina en la planta de personal en 4 mil 398 nuevos funcionarios.

Hoy está en la picota pública el fiscal general de la nación, el encargado de vigilar y velar por la transparencia de la justicia, ¿podremos confiar en el encargado de garantizar que se cumpla la justicia?