Para el Contralor Maya Villazón, la Contraloría está hoy limitada a ejercer un control posterior que solo le permite llegar “cuando la fiesta se ha acabado”, apenas para recoger los platos rotos y levantar un acta de defunción, cuando lo que deben hacer los órganos de control es advertir y hacer una intervención en tiempo real.

Anunció al respecto que acudirá en marzo ante el Congreso de la República para solicitar que se apruebe un proyecto de ley que eleve a norma constitucional este control de advertencia y pueda ser reactivado.

Aclaró el Contralor Maya Villazón que la Contraloría General de la República no se opone a las grandes obras que se ejecutan en el país, pero debe estar vigilante para que situaciones como las de Reficar no se repitan.

Indicó entonces que para la Contraloría ha resultado muy grave la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la función de Control de Advertencia de que estaba investida el organismo de control, la cual se pudo aplicar en su momento cuando se hizo la venta de Telecom, por ejemplo, pero no ahora con la venta de Isagen.

Consideró entonces que es un argumento absurdo e inadmisible indicar que solo cuando se acaben concesiones como la doble calzada Bogotá-Girardot o el Aeropuerto El Dorado, en 30 años, puede hacer presencia la acción fiscalizadora de la Contraloría.

“Una entidad como la Contraloría General de la República, que vigila $700 billones cada año, no puede estar con la brazos cruzados esperando que se hagan derroches del presupuesto nacional y del dinero de los colombianos, y después llegar a hacer un informe de los hechos presentados al estilo de un acta de defunción”, concluyó el Contralor Edgardo Maya Villazón.