En cabeza del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el Ministerio Público deberá presentar acción de revisión ante la Corte Constitucional.

Mediante sentencia de la Sala de Casación Civil, la Corte Suprema de Justicia, acogiendo los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, ordenó suspender los pagos dispuestos en el fallo de primera instancia del Juzgado Promiscuo Municipal de El Roble (Sucre), confirmadó por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, en el mismo departamento, mientras se define la selección del expediente para una eventual revisión de la Corte Constitucional.

El caso del litigio trata de una tutela interpuesta por extrabajadores en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, quienes alegan vulneración al mínimo vital y otros derechos fundamentales, pretensión acogida por el operador de justicia de primer nivel, quien ordenó al fondo pagar una suma superior a los 288 millones de pesos, hecho que fue objetado por el Ministerio Público por medio de una nueva acción de tutela, con el fin de que se decretara la nulidad de lo actuado hasta el momento, dado que ninguno de los accionantes tiene el domicilio en esa municipalidad, lo que significaría que la juez que se encargó del asunto y falló en primera instancia no tenía la competencia para hacerlo.

En la decisión, la Corte Suprema de Justicia también exhorta al agente del Ministerio Público interviniente, el procurador 44 Judicial Administrativo, para que tome las medidas correspondientes ante la Corte Constitucional para solicitar dicha revisión.