La Fiscalía General de la Nación comenzó el juicio en contra de una red delictiva que operaba al interior de la firma Previsanar IPS en medicina alternativa Ltda., encargada de hacer recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), mediante demandas y tutelas ilegalmente interpuestas que ocasionaron un desfalco al sector de la salud calculado en más de $5.537 millones de pesos.

En juicio deberán responder el exsecretario de salud de la Guajira, Jair Camilo y su hermana Johana Paola Chirino Kammerer por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Entre tanto, Jazmín Rocío Orozco Rodríguez y María del Carmen Monroy, comparecen como aparentes responsables de enriquecimiento ilícito de particulares.

Durante la exposición de la teoría del caso, el fiscal encargado de la investigación sostuvo que en principio la IPS no tenía autorización y no estaba facultada para hacer los cobros ya que las intervenciones médicas las podía hacer directamente la clínica u hospital donde se llevaban a cabo.

“La experiencia y conocimiento intelectual de las personas involucradas en estos hechos cometidos en los años 2007 a 2011permitieron idear todo un plan para engañar a la administración de justicia con el fin de obtener sentencias que facultaran a esta IPS, en particular,  sin un contrato con EPS para realizar recobros directamente al Fosyga”, sostuvo el delegado del ente acusador.

Al mismo tiempo resaltó que es irregular que jueces de tutela en ocasiones autorizaran a esta IPS a recobrar directamente al Fosyga, toda vez que, legalmente son las Empresas Prestadoras de Salud EPS  las que pueden adelantar esta clase de procedimientos.

Agregó que los hermanos Chirino Kammerer crearon una sociedad llamada CCA ASESORES Ltda., con la que asesoraron a Previsanar en el procedimiento de recobros irregulares y así lucrarse mutuamente con recursos fraudulentos.

“Si bien eran los pacientes los que firmaban las acciones de tutela, su comportamiento era inducido, guiado y elaborado por los acusados”, señaló. Asimismo sostuvo que la sociedad investigada realizó por lo menos 146 recobros de los cuales pagaron 130 con base en sentencias de tutela.

Concluyó que como si fuera poco, los procesados para apropiarse del dinero de la salud de los colombianos, falsificaron sentencias, historias clínicas, falsificaron facturas y aumentaron en forma desmedida los precios de los tratamientos.