En la ponencia del magistrado Novoa en la que se recogen los hechos hasta ahora conocidos en medios de comunicación y las cuentas de la campaña uribista se plantean seis faltas electorales en las que habría incurrido y que generarían sanciones administrativas o pecuniarias dependiendo de la gravedad de las mismas.

Estas serían las causales a investigar:

Se pudo haber violado la normatividad relacionada con los principios de transparencia y moralidad a que se encuentran obligados los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos (artículo 107 de la Constitución Política);

Si se respetaron los topes máximos de financiación de las campañas (art. 108 C.P. y 12 de la Ley 996 de 2005);

Si se cumplieron las reglas sobre la rendición de cuentas de ingresos y gastos de la campaña electoral (art. 108 C.P.);

Si se observaron las normas relacionadas con la prohibición de recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras (art. 108 C.P. y 27 de a Ley 1475 de 2011);

Si se observaron las normas sobre el monto máximo de las donaciones o contribuciones por parte de particulares (art. 14 Ley 996 de 2005);

Si se tuvo en cuenta la regla según la cual “Los recursos de las campañas presidenciales se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de los aportes y donaciones, y gastos de reposición del Estado, como para los gastos de la misma campaña presidencial”.

Esta ponencia deberá ser aprobada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral para que inicie de oficio la investigación formal.