• Así mismo, el organismo de control pone la lupa en el manejo de casi $1.5 billones de subsidios que el Gobierno destina a la población más vulnerable de la Costa Caribe, afectada por el mal servicio de energía eléctrica
  • En anteriores auditorías, la CGR ha determinado que existen proyectos eléctricos con más de 4 años de haber sido construidos y los usuarios aún continúan conectados a la antigua red, que no ofrece las calidades y seguridades necesarias.

La Contraloría General de la República adelantará una vigilancia especial sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para verificar las labores que esta entidad realiza en relación con la calidad del servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe

“Los apagones permanentes y las quejas reiteradas contra Electricaribe, por mal servicio y cobros excesivos, son algo común en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Atlántico, en Magdalena, en Cesar y en la Guajira y, por ello, siendo este tema de la calidad competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría General la República quiere, cómo órgano de control, mirar con detalle que ha hecho esta entidad al respecto”, explicó el Contralor Edgardo Maya Villazón.

Por otra parte, agregó el Contralor General, dado que buena parte de la población atendida por Electricaribe es vulnerable, de los estratos más bajos, y el Gobierno destina importantes recursos para subsidiar a estas familias necesitadas de la Región Caribe, la Contraloría se va a enfocar en determinar cómo se están manejando estos subsidios.

“Esto será analizado, con el fin de tener la tranquilidad de que estos casi $1.5 billones en subsidios lleguen de forma correcta a los usuarios”, precisó Maya Villazón en entrevista que concedió al programa institucional de televisión de la CGR “Colombia Tiene Control“, que se transmitió anoche por Señal Institucional.

Servicio de baja calidad y atrasos en obras eléctricas

El Contralor Maya Villazón invitó a todas las instituciones relacionadas con el tema a trabajar de forma coordinada y ágil, dado la complejidad del problema que se tiene enfrente.

“El servicio es de baja calidad en la actualidad y se requiere adoptar decisiones inmediatas en materia de inversiones, refuerzos del sistema eléctrico y manejo de la comunidad”, enfatizó.

En anteriores auditorías a Electricaribe, la Contraloría ha  evidenciado deficiencias en la ejecución de los proyectos financiados con recursos públicos. Y algunos casos son representativos y motivan a este órgano de control a ejercer una vigilancia detallada.

El Contralor Maya Villazón expuso lo delicado de la situación en los siguientes términos:

  • “Es evidente que existen atrasos cercanos al 33% en obras eléctricas, para los proyectos aprobados en los primeros siete años de ejecución del programa (con corte al año 2014)”.
  • “Y peor aún, existen proyectos con más de 4 años de haber sido construidos y los usuarios aún continúan conectados a la antigua red, que no ofrece las calidades y seguridades necesarias”.

La CGR inició recientemente dos Actuaciones Especiales a Electricaribe, que incluyen la revisión de la debida adjudicación y ejecución de los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), desde que se implementaron los mismos hasta la fecha.

– Si bien Electricaribe es una sociedad anónima comercial, se constituye como una empresa de servicios públicos domiciliarios, según la Ley 142 de 1994. En su composición accionaria participa el Estado a través de distintas entidades, con un 10.1% del total de las acciones. Esta situación habilita a la CGR a ejercer control y vigilancia fiscal, conforme a lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 42 de 1993.

– Y en su condición de particular, Electricaribe maneja recursos y bienes del Estado provenientes de los Fondos Públicos de Ayuda del Sector Eléctrico (PRONE, FAER, FAZNI y FOES), situación que también habilita a la CGR para ejercer vigilancia y control fiscal sobre la empresa, pero en relación con los recursos de origen público.