Ante un juez especializado de Bogotá se reanudó el juicio, bajo los términos de ley 600, en contra de 8 personas vinculadas familiarmente con los exjefes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

En el estrado responden por el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, Jaime Rodríguez Mondragón, María Teresa Quazua Espinel, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, Julio César Muñoz Cortés, Juan Carlos Muñoz Rodríguez y Rafael Guillermo Arjona Alvarado.

En desarrollo de una audiencia virtual, en la cual participó desde Miami (Estados Unidos), Miguel Rodríguez Orejuela, como exjefe del Cartel de Cali, reconoció nuevamente que junto con su hermano Gilberto firmaron un convenio con el gobierno de los Estados Unidos para ser condenados a 30 años por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Aclaró que tanto él como su hermano aceptaron el convenio para que no involucraran a sus 28 familiares, en nada que tuvieran que ver con su actuar delictivo. El acuerdo también prevé que todos los bienes serán objeto de extinción de dominio, en especial los adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico.

Aseguró el exjefe del cartel de Cali que la Fiscalía General de la Nación de Colombia colaboró en la confección del acuerdo, pero en ningún momento firmó algún documento.

Indicó Miguel Rodríguez Orejuela que el compromiso de la justicia de los Estados Unidos con ellos, en cuanto al convenio se ha cumplido en un 95 por ciento, ya que ninguno de sus familiares figura en la llamada Lista Clinton.

Agregó que en ningún momento ni él, ni su hermano habían dejado bienes a sus hijos y familiares para convertirlos en testaferros, tampoco para que sus familiares convirtieran en testaferros a los trabajadores de las empresas, como en el caso de Drogas La Rebaja y laboratorios Klesfor.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo el proceso en contra de los 8 familiares de los excapos del Cartel de Cali, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la venta de la empresa Drogas La Rebaja, la cual pese a la negociación habría seguido en poder de estos.