Contraloría verificará si hubo detrimento patrimonial en contrato de matrícula educativa en Córdoba

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ordenó verificar si se presentó un detrimento fiscal en desarrollo del contrato que adjudicó la Gobernación de Córdoba a la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro para la prestación del servicio público educativo en el departamento y que, según recientes denuncias de la ministra de Educación, Gina Parody, ha generado pérdidas millonarias por diversas irregularidades, como el pago por 3.653 alumnos inexistentes.

Maya Villazón solicitó a la Gerencia Departamental de Córdoba que, dentro de la auditoría que se adelantará a los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP, en el primer semestre de 2016, se adelante una revisión minuciosa de este contrato (número 036 de 2015) y su objeto, y que se haga lo mismo para el caso del correspondiente contrato de interventoría (número 350 de 2015, celebrado con la Unión Temporal Interventorías Educativas 2015).

Los contratos referidos hacen parte de la muestra de auditoría seleccionada para evaluar en este ejercicio auditor y, tras las observaciones que hizo la ministra Parody, serán objeto de especial atención.

La ministra de Educación denunció presuntas irregularidades en el cobro realizado por Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, por estudiantes inexistentes, el no contar con sede en la ciudad de Montería, en posible contradicción con su propuesta económica, así como posibles inconsistencias en la nómina docente contratada.

Contratos en la mira de la CGR

En ejecución de los recursos de educación (prestación del servicio), la Gobernación de Córdoba, a través de su Secretaría Departamental de Educación, suscribió el contrato N°036 – 2015 el 6 de marzo de 2015, con la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, representada legalmente por el señor José Antonio Manrique Torres, identificado con cédula de ciudadanía número 13.254.311, de Cúcuta.

La citada Corporación es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada y que cuenta con Reconocimiento Eclesiástico según Decreto Nº 019 del 20 de junio de 2000, expedido por la Diócesis de Cúcuta, y con Personería Jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, mediante Resolución Nº 001791 del 12 de noviembre de 1993.

El objeto del contrato fue la: “Administración, dirección, coordinación y organización del servicio público educativo, para atender a estudiantes de los establecimientos educativos del departamento de Córdoba en los municipios no certificados de Valencia, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Ayapel, correspondiente al calendario A”, y su plazo inicial de ejecución fue de nueve meses por un valor de $32.659.416.418, de los cuales la entidad territorial ha pagado un total de $29.393.474.776.

De otro lado, se celebró el contrato de interventoría N°350 – 2015 con el objeto de efectuar la: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y legal de los siguientes contratos: contrato 036-2015, contrato interadministrativo 039-2015 y demás contratos que suscriba la Secretaria de Educación para la prestación del servicio público educativo en el departamento”.

Dicho contrato fue adjudicado el 13 de mayo de 2015 (dos meses después de la celebración del contrato 036-2015) a la Unión Temporal Interventorías Educativas 2015 U.T, identificada con NIT. 900.848.402-5, y representada legalmente por Manuel Luciano Escudero Romano, por valor inicial de $1.457.900.000, más una adición de $240.363.194.